José Luis Jara
Para con los yaquis se encuentra una cuenta pendiente por saldar a su favor. Y cuando supuestamente ya estaba todo listo para solucionar sus demandas, en el Gobierno Federal existe un cambio de jugada.
Don Octaviano Jékari, gobernador de Tórim y uno de los representantes de las autoridades tradicionales en estas negociaciones, dijo: “Ya ni sabemos cómo va la cosa. La comisionada dice que va a trabajar, pero no sabemos”.
La última etapa de la historia del conflicto yaqui inicio el pasado 5 de junio, cuando el presidente Fox, en su penúltima visita a Sonora, recibió a los gobernadores de la etnia en el último punto del periplo presidencial.
Fue en el aeropuerto de Guaymas y en presencia del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, Xóchitl Gálvez. Ante ellos, Fox destacó la importancia de resolver los conflictos de tierras que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo.
Las autoridades tradicionales de la tribu recibieron del presidente el convenio que permitirá una solución integral a las comunidades yaquis e invitó a los gobernadores de las Tribus de Belém, Huirivis, Vicam, Potam, Torim, Bácum, Cócorit y Rahun, a visitar la residencia oficial de Los Pinos, para posteriormente corresponder visitando sus comunidades.
El compromiso fue el pasado 27 de junio.
Sin embargo, los yaquis acudieron a la cita y se toparon con que el señor presidente no los recibiría y, por tanto, no firmarían el convenio para solucionar las demandas de la tribu.
En esa reunión, los yaquis fueron atendidos por Xóchitl Gálvez, quien les expresó que la propuesta del gobierno federal únicamente propone una solución al problema de las invasiones en La Cuchilla, es decir una indemnización a la tribu yaqui que desde el año pasado se ha venido manejando de un monto de unos cien millones de pesos.
Para los yaquis, la propuesta de solución que ventilaron los funcionarios federales representa un retroceso porque significa volver al conflicto que se generó con el decreto presidencial de Ernesto Zedillo, quien a propuesta del gobernador Manlio Fabio Beltrones, autorizó la expropiación a la tribu yaqui y acordó una indemnización de unos cien millones de pesos.
Fue cuando los yaquis dijeron no al dinero, porque su lucha es por la tierra e interpusieron un recurso ante la corte y le dieron palo al decreto Zedillo-Beltrones.
Por otra parte, la propuesta presidencial implica un golpe a la tribu porque no toma en cuenta el territorio que tienen invadido en lugares diferentes a La Cuchilla, que representan alrededor de 35 mil hectáreas.
Otro problema que genera esta propuesta, es que se echaría al cesto de la basura el trabajo que realizó la comisión de negociación que se integró desde el mes de junio de 2003, cuando Florencio Adame Salazar, secretario de la Reforma Agraria, vino a Sonora para integrar este punto de negociación, bajo la idea de darle una solución integral al conflicto.
En la comisión de negociación participaron funcionarios de la SRA, el Gobierno del Estado, los diputados, ayuntamientos y la tribu yaqui. Y bajo esa autoridad trabajaron en la delimitación del territorio de los pueblos yaquis.
Retomaron lo que dice el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas que otorga territorio a esta comunidad. Se basaron en los puntos de referencia de la memoria histórica y midieron palmo a palmo cada uno de los puntos naturales que demarca el territorio.
Desde Punta Sur en Bahía de Lobos hasta la esquina del cuadrilátero San José. Y desde ahí hasta Los Hornos, Jubabampo, Mocobampo, sierra de La Bandera y Piedra Ahogada.
Se apoyaron con personal técnico para las mediciones topográficas y hasta se tuvo el apoyo de fotografías satelitales, hasta que concluyeron sus trabajos y dejaron listo para que el presidente Fox firmara su propuesta de solución.
En ese tiempo, el Gobierno Federal emprendió un programa para abatir los principales conflictos agrarios del país, entre los que se encuentra el conflicto de los yaquis.
La propuesta de entonces de la Reforma Agraria fue que en base al trabajo de la comisión de negociación, el Gobierno Federal establecería el compromiso de solucionar los conflictos de manera integral.
Y en eso de dar respuesta, el gobierno federal ha prolongado su respuesta. Las negociaciones se llevaron en lo oscurito y el único mensaje que enviaron fue el cambio de delegado de- la Reforma Agraria en Sonora.
Salió Rico Preciado, el funcionario que participó en la comisión de negociación, y entró el ex dirigente municipal del PAN, quien entró obedeciendo la nueva consigna presidencial.
Desde entonces se definió el cambio de jugada por el Gobierno Federal. Muy comprometido accedió a entrevistarse con los gobernadores yaquis el pasado cinco de junio y se comprometió a una próxima reunión, el 27 de junio, a la que no asistió.
Con ello, la figura de Fox entre los yaquis ha perdido credibilidad, de tal suerte que las autoridades tradicionales de la etnia, no depositaron todos los huevos en una canasta.
El día 28 de junio se reunieron con los diputados federales que integran las comisiones de asuntos indígenas y de la reforma agraria. Allí mismo se nombró una comisión para que visitara el territorio yaqui, donde los gobernadores organizaron un recorrido por los linderos, que duró alrededor de tres días.
Los resultados de esta gira de trabajo serán analizados por los diputados federales en el pleno de las comisiones de asuntos indígenas y reforma agraria, el próximo 8 de septiembre en la Ciudad de México.
Bajo este panorama, el conflicto de la tribu yaqui ya no es como una moneda que está en el aire, sino una bola de ping pong que botara en las paredes del ejecutivo y legislativo, pero que el terreno de juego son las alrededor de 500 mil hectáreas de la tribu.
Para con los yaquis se encuentra una cuenta pendiente por saldar a su favor. Y cuando supuestamente ya estaba todo listo para solucionar sus demandas, en el Gobierno Federal existe un cambio de jugada.
Don Octaviano Jékari, gobernador de Tórim y uno de los representantes de las autoridades tradicionales en estas negociaciones, dijo: “Ya ni sabemos cómo va la cosa. La comisionada dice que va a trabajar, pero no sabemos”.
La última etapa de la historia del conflicto yaqui inicio el pasado 5 de junio, cuando el presidente Fox, en su penúltima visita a Sonora, recibió a los gobernadores de la etnia en el último punto del periplo presidencial.
Fue en el aeropuerto de Guaymas y en presencia del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios, Xóchitl Gálvez. Ante ellos, Fox destacó la importancia de resolver los conflictos de tierras que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo.
Las autoridades tradicionales de la tribu recibieron del presidente el convenio que permitirá una solución integral a las comunidades yaquis e invitó a los gobernadores de las Tribus de Belém, Huirivis, Vicam, Potam, Torim, Bácum, Cócorit y Rahun, a visitar la residencia oficial de Los Pinos, para posteriormente corresponder visitando sus comunidades.
El compromiso fue el pasado 27 de junio.
Sin embargo, los yaquis acudieron a la cita y se toparon con que el señor presidente no los recibiría y, por tanto, no firmarían el convenio para solucionar las demandas de la tribu.
En esa reunión, los yaquis fueron atendidos por Xóchitl Gálvez, quien les expresó que la propuesta del gobierno federal únicamente propone una solución al problema de las invasiones en La Cuchilla, es decir una indemnización a la tribu yaqui que desde el año pasado se ha venido manejando de un monto de unos cien millones de pesos.
Para los yaquis, la propuesta de solución que ventilaron los funcionarios federales representa un retroceso porque significa volver al conflicto que se generó con el decreto presidencial de Ernesto Zedillo, quien a propuesta del gobernador Manlio Fabio Beltrones, autorizó la expropiación a la tribu yaqui y acordó una indemnización de unos cien millones de pesos.
Fue cuando los yaquis dijeron no al dinero, porque su lucha es por la tierra e interpusieron un recurso ante la corte y le dieron palo al decreto Zedillo-Beltrones.
Por otra parte, la propuesta presidencial implica un golpe a la tribu porque no toma en cuenta el territorio que tienen invadido en lugares diferentes a La Cuchilla, que representan alrededor de 35 mil hectáreas.
Otro problema que genera esta propuesta, es que se echaría al cesto de la basura el trabajo que realizó la comisión de negociación que se integró desde el mes de junio de 2003, cuando Florencio Adame Salazar, secretario de la Reforma Agraria, vino a Sonora para integrar este punto de negociación, bajo la idea de darle una solución integral al conflicto.
En la comisión de negociación participaron funcionarios de la SRA, el Gobierno del Estado, los diputados, ayuntamientos y la tribu yaqui. Y bajo esa autoridad trabajaron en la delimitación del territorio de los pueblos yaquis.
Retomaron lo que dice el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas que otorga territorio a esta comunidad. Se basaron en los puntos de referencia de la memoria histórica y midieron palmo a palmo cada uno de los puntos naturales que demarca el territorio.
Desde Punta Sur en Bahía de Lobos hasta la esquina del cuadrilátero San José. Y desde ahí hasta Los Hornos, Jubabampo, Mocobampo, sierra de La Bandera y Piedra Ahogada.
Se apoyaron con personal técnico para las mediciones topográficas y hasta se tuvo el apoyo de fotografías satelitales, hasta que concluyeron sus trabajos y dejaron listo para que el presidente Fox firmara su propuesta de solución.
En ese tiempo, el Gobierno Federal emprendió un programa para abatir los principales conflictos agrarios del país, entre los que se encuentra el conflicto de los yaquis.
La propuesta de entonces de la Reforma Agraria fue que en base al trabajo de la comisión de negociación, el Gobierno Federal establecería el compromiso de solucionar los conflictos de manera integral.
Y en eso de dar respuesta, el gobierno federal ha prolongado su respuesta. Las negociaciones se llevaron en lo oscurito y el único mensaje que enviaron fue el cambio de delegado de- la Reforma Agraria en Sonora.
Salió Rico Preciado, el funcionario que participó en la comisión de negociación, y entró el ex dirigente municipal del PAN, quien entró obedeciendo la nueva consigna presidencial.
Desde entonces se definió el cambio de jugada por el Gobierno Federal. Muy comprometido accedió a entrevistarse con los gobernadores yaquis el pasado cinco de junio y se comprometió a una próxima reunión, el 27 de junio, a la que no asistió.
Con ello, la figura de Fox entre los yaquis ha perdido credibilidad, de tal suerte que las autoridades tradicionales de la etnia, no depositaron todos los huevos en una canasta.
El día 28 de junio se reunieron con los diputados federales que integran las comisiones de asuntos indígenas y de la reforma agraria. Allí mismo se nombró una comisión para que visitara el territorio yaqui, donde los gobernadores organizaron un recorrido por los linderos, que duró alrededor de tres días.
Los resultados de esta gira de trabajo serán analizados por los diputados federales en el pleno de las comisiones de asuntos indígenas y reforma agraria, el próximo 8 de septiembre en la Ciudad de México.
Bajo este panorama, el conflicto de la tribu yaqui ya no es como una moneda que está en el aire, sino una bola de ping pong que botara en las paredes del ejecutivo y legislativo, pero que el terreno de juego son las alrededor de 500 mil hectáreas de la tribu.
1 comentario:
la lucha contra el gobierno por defender nuestro territorio sige somos una nacion de gente baliente que a pesar de los conflictos internos avemos gentes que seguimos en la luch, lo asemos por nuestras futuras generaciones para dejarles la herencia de tierra agua serros y mar, que de igual manera nuestros ancestros yaquis lo isieron.
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